El mundo ha visto a través de los últimos años un avance
tecnológico sin precedente. La creación, evolución y rápida comercialización de
la computadora electrónica en menos de un siglo y con ella la necesidad de la
interconexión entre las mismas dando paso al surgimiento del internet. Estos
son algunos de los principales acontecimientos que revolucionaron el mundo
entero ya que permitieron que todas las personas estuvieran conectadas y
enteradas de lo que pasa en cualquier parte del mundo. El uso de internet se
convirtió en una nueva forma de comunicación que sigue creciendo en popularidad
gracias a su fácil acceso.
El papel del estado sobre las TICs ha sido motivo de
discusión, ya que hay quienes opinan que el estado no debería influir en lo
absoluto en ellas y hay quienes a su vez apoyan que el estado regule las
tecnologías de la información del país que gobiernan. Sin embargo, el papel del
estado sobre las TICs comprende proteger la información del proveedor, evitar
el uso no autorizado de información recogida legítimamente, evitar los fraudes
electrónicos, entre otras. En varios países ya se han promulgado leyes que
regulan y supervisan las tecnologías de la información, y cada vez son más los
países que se ven en la necesidad de elaborar nuevas leyes o modificar las ya
existentes en este ámbito.
Las Tecnologías de la información y los derechos civiles en
la sociedad actual están cada vez mas relacionados. Por una parte se busca la
protección de datos del individuo para que este no se sienta espiado y por otro
parte se requiere de un gobierno transparente en el sentido de que no manipule
o controle la información de los ciudadanos a través de las redes sociales y
demás tecnologías informáticas.
El Derecho informático es otro punto álgido cuando se habla
de la influencia de las TICs en el ámbito político, ya que el avance de la TICs
ha hecho necesario la creación de nuevas leyes que protegan a las personas de
violación de la privacidad, fraudes o estafas electrónicas, etc. Esto último
también genera la confusión entre los conceptos de la Informática Jurídica y el
derecho a informar. El primero se refiere a una rama de la informática que se
dedica a detectar violaciones de las leyes en el ámbito informático, el segundo
concepto se refiere al derecho natural que tenemos todos los ciudadanos de un
país a informar y a estar informados, como se puede observar son dos cosas
distintas.
Con el avance acelerado de las TICs la Democracia y la
Informática pasaron a ser dependientes una de otra. Esto se puede observar
cuando vemos que los políticos es sumamente importante tener apoyo popular por
medio de las redes sociales ya que esto les da más importancia frente a sus
contrincantes porque sus ideas son seguidas por más personas. También podemos
ver que las TICs han favorecido las llamadas relaciones horizontales entre
políticos y la sociedad porque ahora habrá multiplicidad de actores en lo
político, es decir, ahora todas las personas son líderes a la hora de querer
generar un cambio en su sociedad y no es indispensable que aparezcan en la TV
para darse a conocer como ocurría en el pasado, donde solo los políticos que
daban ruedas de prensa eran los que tenían el poder de hablar sobre los
problemas sociales. Ahora con el desarrollo de las TICs hay un funcionamiento
descentralizado porque somos nosotros los comunicadores de los problemas e impulsores de soluciones de la sociedad.
Entre los retos a futuro que tiene el desarrollo de las TICs
en el ámbito político está el acceso desigual que hay a la información a pesar
de que supuestamente no hay limitaciones geográficas para el uso de ellas.
También el exceso de información ocasiona que la calidad de información en
muchos momentos sea mala, ya que la web se puede prestar para generar falsos
rumores. Igualmente hay muchos críticos de lo que se denomina la sociedad de la
vigilancia donde la intimidad de los usuarios muchas veces puede quedar al
descubierto, lo que causa el temor de la sociedad con respecto a las redes de
comunicación. Lo que si es necesario es contar con infraestructura,
funcionarios por parte del gobierno como ciberpolicias, tratados de cooperación
internacional y leyes nacionales que se hagan valer para velar por la
protección del usuario y establecer las regulaciones del estado y la política
sobre las TICs.